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129.18: Sindicato Federal | UGT promueve la negociación de un Convenio Sectorial de Operadores Ferroviarios

El pasado 23 de noviembre, el Secretario General de FeSMC-UGT remitió sendos escritos dirigidos al Ministerio de Fomento, al presidente del Grupo RENFE y al presidente de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas. En ellos, dejaba clara la postura de nuestra organización con respecto a las medidas que entendemos deben proveerse para garantizar el futuro del servicio y el empleo en el sector ferroviario.
Conforme al calendario del Cuarto Paquete Ferroviario aprobado por Bruselas, asistiremos a la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril previsiblemente a partir de 2020, hecho para el cual estamos obligados a prepararnos, previendo los posibles inconvenientes y, principalmente, protegiendo el servicio y el empleo.
Desde UGT nunca hemos ocultado nuestro rechazo al plan de liberalización, entendiendo que el transporte ferroviario es un servicio público cuya rentabilidad social debe priorizarse sobre la rentabilidad económica. En este sentido, entendemos que es necesario empezar a tomar medidas que protejan el servicio público, su calidad y el empleo del personal que las ejecuta, ya que la liberalización en términos de competencia deberán realizarse mediante la gestión empresarial y nunca sobre las condiciones laborales y económicas de los ferroviarios y ferroviarias.
Por todo ello, consideramos fundamental construir un futuro que se apoye en dos medidas fundamentales: la formación profesional específica que promueva y garantice los conocimientos especializados sobre la actividad ferroviaria, y la negociación de un Convenio Sectorial de Operadores Ferroviarios, que garantice las condiciones laborales del personal de las empresas públicas y privadas del sector, evitando además la competencia desleal o el dumping social.
En definitiva, desde UGT instamos a la negociación de un marco normativo impulsado y tutelado por el Ministerio de Fomento, que cuente con la participación de las operadoras públicas y privadas, que proteja las condiciones y niveles de empleo del sector ferroviario, así como la calidad y seguridad del servicio que no deben verse afectadas por la competencia empresarial.